La Reforma Eléctrica promovida por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, que es una contrarreforma a la impulsada durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, busca dar prioridad a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), sobre los generadores privados de energía eléctrica para alimentar el sistema eléctrico nacional, y remover a los particulares en la generación y distribución de energía eléctrica.
La propuesta de reforma aprobada por la Cámara de Diputados en lo general y en lo particular, pretendía que el despacho de las centrales eléctricas colocara en primer lugar a las 60 plantas hidroeléctricas de la CFE, seguidas por la nuclear, geotérmicas y termoeléctricas de la empresa pública, o sea del gobierno, en tercer lugar las eólicas y solares de inversionistas privados y hasta el final quedarán las de ciclo combinado propiedad de particulares.
Además, si se hubiera aprobado por el Senado, la reforma obligaría a la Comisión Reguladora de Energía a invalidar los permisos de autoabastecimiento obtenidos, en su caso, mediante “fraude a la ley”, y los los Contratos de Compromiso de Capacidad de Generación de Energía Eléctrica y Compraventa de Energía Eléctrica establecidos con productores independientes deberían contar con aprobación para garantizar su legalidad y el cumplimiento del requisito de rentabilidad para el Gobierno Federal.
La reforma energética propuesta por AMLO buscaba en pocas palabras fortalecer al dinosaurio ineficiente de la CFE, frenar la generación de energías renovables y la participación de particulares en la generación de energía a costos más accesibles que los de la CFE, lo cual desalentaría la inversión privada en la generación de energía y reduciría la competitividad de aquellas empresas que han instalado sistemas para la autogeneración de energías limpias como son las celdas solares.
En febrero de 2022, la propuesta a la Reforma Eléctrica fue finalmente rechazada por el Congreso, lo cual dio un breve respiro a muchas empresas que estaban amenazadas con salir de funcionamiento de ser aprobada la reforma. Sin embargo, aún persiste la incertidumbre ya que se mantiene la aplicación de la Ley Eléctrica avalada por la Suprema Corte de Justicia y la intención del gobierno de revisar contratos que considera ilegales.
Las empresas privadas, generadoras de energía, habrían perdido alrededor de 60,000 millones de dólares en indemnizaciones en caso de haber sido aprobada la reforma y tuvieran que dejar de funcionar. Para seguir operando pese a que la reforma no fue aprobada, han tenido que recurrir a los amparos en lo que se esclarecen las nuevas reglas del juego en la materia, lo cual podrá durar bastante tiempo entre amparos, litigios y los continuos ataques del gobierno, que califica a las empresas privadas como vendidas a intereses extranjeros, mencionando entre ellos a Enel e Iberdrola.
El presidente de COPARMEX, José Medina Mora, dice que no sorprende que el rechazo a la reforma eléctrica haya sido celebrado abiertamente por los empresarios, ya que si se pensara en cancelar contratos legales sin indemnizar daría un mensaje de que no se respetaba el Estado de Derecho, de que no había certeza jurídica.
Por su parte, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), envió un comunicado en el que celebró la “responsabilidad” de los legisladores y señaló que se necesita un marco legal claro, transparente y confiable. “Al día de hoy no están cancelados los permisos de generación de energía y podemos seguir comercializando”, dijo.
El despacho Hogan Lovells, tiene vigentes 10 suspensiones para unas 25 centrales eléctricas. El abogado Miguel Ángel Mateo, comenta que los inversionistas extranjeros pueden dejar que los amparos lleguen a la Suprema Corte o, en caso de que los tribunales colegiados resuelvan en contra de las empresas, ir a arbitraje. “Lo más lógico es que los colegiados utilicen el criterio mayoritario de la Suprema Corte y que mantengan las suspensiones”. Sin embargo, dado que hay muchos amparos y suspensiones, falta esperar para saber exactamente qué va a suceder.
Uno de los temas que más preocupa a las empresas, es que tarde o temprano tendrán que enfrentarse a los nuevos artículos sobre la revocación de permisos vigentes. Dos de las modificaciones a la ley eléctrica proponen la cancelación de contratos de autoabasto- entre centrales privadas y empresas -por considerarlos “fraude a la ley”-, y de los productores independientes de energía -que suministran a la CFE- si no cumplen con el requisito de “rentabilidad” para el gobierno.
Una mayoría de ministros dijeron que estas cláusulas están dentro de la constitucionalidad, lo que podría facilitar la cancelación de permisos a cientos de centrales privadas que abastacen a unos 77,000 clientes. Si bien el presidente López Obrador dice que buscará el diálogo con las empresas, Miguel Ángel Mateo del despacho Hoga Lovells dice que, en el momento en que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) inicie un procedimiento para revocar un permiso, las empresas se pueden amparar.
En los próximos meses, el sector empresarial prevé más obstáculos a la operación de plantas privadas y una parálisis en el sector por la posible entrada en vigor de las nuevas regulaciones. Aunado a lo anterior, el Centro Nacional de Control de Energía no está trabajando regularmente debido a la pandemia, por lo que hay muchos trámites pendientes por resolver. Además, da igual que aprueben una cosa u otra, si finalmente están pasando por encima de la ley, afirma otra fuente del sector.
La primera en ser afectada a finales de enero, fue una planta de ciclo combinado de Iberdrola en Monterrey que fue desconectada de la red porque la Comisión Reguladora de Energía le negó previamente la modificación de un permiso que estaba a punto de caducar. Aunque la empresa multinacional presentó un amparo y un juez le concedió una suspensión, la planta, en la que se invirtieron unos 500 millones de dólares, aún no ha sido reconectada a la red.
La incertidumbre en este tema ha causado que la inversión privada en proyectos energéticos esté prácticamente detenida. Las empresas que buscan generar energías renovables estiman que los retrasos regulatorios y la negación de los permisos afectarán proyectos eólicos y solares cuya inversión sería de 4.200 millones de dólares.
La nacionalización de litio
Tras el rechazo de la Reforma Eléctrica y aunque aún falta la aprobación del Senado, la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa de ley para nacionalizar el litio y realizar modificaciones a la ley minera reservando al Estado el derecho de la explotación de este mineral, que es clave para la fabricación de baterías, y cuyo valor se ha elevado sustancialmente en los últimos años.
Las modificaciones a la Ley Minera enviadas por el presidente, proponen declarar como “de utilidad pública” la exploración y explotación del litio y prohibir expresamente a empresas extranjeras obtener concesiones o permisos para explotar este mineral. “Se reconoce que el litio es patrimonio de la Nación y su exploración, explotación y aprovechamiento se reserva para uso exclusivo del pueblo mexicano”, dice uno de los cambios. Además, se propone la creación de un “organismo público descentralizado” para extraer y controlar “las cadenas de valor económico” del mineral.
Sobre el rechazo de los diputados a la reforma eléctrica, el presidente López Obrador dijo que “nosotros nos preparamos para la traición. Sabíamos que los intereses que están en cuestión son muy poderosos. Los diputados, -a quienes calificó de opositores-, no saben la importancia del litio y la ambición que despierta en las grandes potencias porque es un mineral estratégico para el desarrollo futuro”.
El presidente López Obrador dijo que, si bien México es el primer productor y exportador de plata a nivel mundial, la concesiones están en manos de empresas extranjeras, principalmente canadienses, y no queremos que ocurra lo mismo con el litio, que es un mineral estratégico.
El litio ha captado la atención del Gobierno desde finales de 2019, cuando se descubrió un yacimiento con más de tres millones y medio de toneladas en el Estado de Sonora, el cual, además de ser el más grande en el mundo de este mineral, es propiedad de la empresa china Gangfeng. Aunque no se ha extraído aún el mineral, la promesa del litio motivó al gobierno a realizar reformas a la ley para garantizar su explotación exclusiva por parte del Estado, con el fin de proveer de este mineral a las grandes empresas automotrices que requieren litio para las baterías de los automóviles, en donde el precio de este mineral ha ido en aumento en los últimos años.
Por otro lado, la Cámara Minera de México ha criticado abiertamente la nacionalización del litio, ya que el Gobierno no tiene el conocimiento ni los medios para explotar este recurso. El presidente de la Cámara Minera, José Jaime Gutiérrez, afirma que “Se requiere de un esfuerzo de exploración del territorio en busca de yacimientos, largos periodos de maduración para los proyectos y fuertes inversiones en desarrollo y tecnología para explotar el mineral”. Sin embargo, en cuanto López Obrador asumió su mandato, anunció que no se iban a otorgar más concesiones mineras a empresas extranjeras, concluyó.